Casi el 20 % (134,4 millones) de los 700 millones de euros que la Comunidad de Madrid destinará a los municipios de la región a través del Programa de Inversión Regional (PIR) 2016-2019 se destinarán a financiar gasto corriente de los ayuntamientos.
En 2017, el Gobierno regional ya tramitó subvenciones a los ayuntamientos por un importe de 76,1 millones de euros, cifra que se elevará hasta completar los mencionados 134,4 millones de euros entre 2018 y 2019.
Hasta la fecha, el Programa de Inversión Regional 2016-2019 se encuentra tramitando el alta de 512 actuaciones repartidas en 144 ayuntamientos, con una inversión de 200 millones de euros.
Estas ayudas, que empezaron a llegar al consistorio complutense en diciembre del pasado año, incluyen una partida total de 3,9 millones para Alcalá de Henares que ya ha recibido 1,47 millones. Esto supone el 37,3% de la ayuda total, el 62,7% (2,43 millones) restante está a la espera de la justificación de más gasto por parte del equipo de gobierno de nuestra ciudad.
En 2017, Alcalá de Henares recibió exactamente, con cargo al PIR de la Comunidad de Madrid, estos 1.471.199,16 euros para financiar gasto corriente del Ayuntamiento.
Además, las localidades vecinas de la zona este recibieron:
- Arganda del Rey: 689.180,59 euros
- Coslada: 1.811.406 euros
- Los Santos de la Humosa: 106.516,35 euros
- Mejorada del Campo: 542.988,96 euros
- Pezuela de las Torres: 237.840,96 euros
- Torres de la Alameda: 608.009 euros
- San Fernando de Henares: 1.654.791 euros
- Santorcaz: 115.516,70 euros
- Villalbilla: 639.899 euros
- Villamanrique de Tajo: 114.969,31 euros
- Villarejo de Salvanés: 216.651,16 euros
Serán en total 134,4 millones, de euros que un total de 161 ayuntamientos han solicitado destinar al pago de gasto corriente. Otros 17 municipios destinarán todo su presupuesto a realizar inversiones. El objetivo fundamental del Programa es reequilibrar y cohesionar territorialmente la región.
El PIR permite a los ayuntamientos destinar el 25% a gastos de funcionamiento que contribuyan a sufragar el sostenimiento de aquellos servicios que son esenciales para los ciudadanos. Excepcionalmente, y bajo circunstancias de carácter social, económico o de interés público, los ayuntamientos pueden incrementar las ayudas hasta el 90%.
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