La concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Orlena de Miguel, ha comparecido en rueda de prensa para presentar los cambios llevados a cabo en el dispositivo de seguridad de la Policía Local desde el pasado mes de octubre en distintas zonas de la ciudad.
Así, la llamada UID Norte ha desplegado un operativo de vigilancia continua en las calles Leopoldo Alas Clarín, José María Pemán, Benito Pérez Galdós, Miguel Hernández y Plaza Reina María Cristina, del barrio de Espartales, donde se han establecido turnos de control en franjas horarias de mañana, tarde y noche.
Además, los agentes han llevado a cabo contactos directos con los vecinos para evaluar la situación y reforzar la función de policía de proximidad.
Ante el incremento de denuncias (recurrentes por parte de la Asociación Vecinal Espartales Unidos) por robos en trasteros, terrazas y conducciones de agua y electricidad, la UID Norte ha establecido vigilancias dinámicas nocturnas en las calles José María Pemán 2-4 y Álvaro Mutis. “Gracias a esta medida, se ha logrado contener estos delitos y mejorar la seguridad en la zona”, afirmaba Orlena de Miguel.
“Una persona concreta a la que se la ha detenido en innumerables ocasiones”
En este sentido, la concejal afirma que “hay un problema específico en una zona con una persona concreta a la que se la ha detenido en innumerables ocasiones. Pero la gravedad de sus delitos no acarrea prisión preventiva, por lo que, cada vez que se le detiene, le vuelven a poner en libertad y continúa reincidiendo”.
Para De Miguel este tipo de robos “son un problema complejo porque no es de una actuación policial. Cuando se le detiene y se le pone a disposición judicial, el juez no tiene las herramientas legales para retener, preventivamente, a esa persona en prisión. La vuelven a dejar en su casa, además es un vecino de la zona, y vuelve a cometer estos delitos”.
Por último, descarta también la edil que este sea un problema de los Servicios Sociales que “no pueden hacer nada. Están para ayudar a la gente que quiere ser ayudada. Están en la zona, trabajan en la zona, pero con las personas que necesitan la ayuda y la quieren. Aquí no estamos hablando de un problema de servicios sociales, lo estamos haciendo de un problema jurídico porque no hay herramientas para que esta persona esté en situación de prisión preventiva a la espera de juicio y deje de delinquir”.
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