La presidenta en funciones y candidata a la investidura de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la inminente aprobación de la rebaja fiscal de medio punto en el IRPF de cara a que los contribuyentes madrileños puedan beneficiarse de ella en la campaña de la renta de 2022. El objetivo es aprobar un proyecto de ley este año para que entre en vigor en el próximo ejercicio.
Así lo ha avanzado durante su intervención en la primera sesión del debate de investidura celebrada en la Asamblea de Madrid, donde también ha destacado que esta rebaja beneficiará a más de tres millones de contribuyentes, especialmente a las rentas más bajas. De esta manera, se estima un ahorro fiscal global cercano a los 300 millones, que tendrá mayor impacto en las rentas bajas, con un 5,6%. Para las rentas altas, el ahorro calculado se sitúa en un 2,4%.
La presidenta ha explicado que es precisamente en la Comunidad de Madrid donde las rentas más bajas pagan menos impuestos. En este sentido, ha explicado que un madrileño que gane 20.000 euros al año, “tributará 340 euros menos que un catalán y una media de 150 euros menos que los trabajadores de las regiones gobernadas por el PSOE”.
La baja fiscalidad es una de las principales señas de identidad de los últimos gobiernos en la Comunidad de Madrid, lo que se ha traducido en un ahorro en impuestos de 53.000 millones de euros desde 2004, o lo que es lo mismo, 16.500 euros por contribuyente.
Así, Madrid es la región más competitiva fiscalmente y la que tiene los tipos autonómicos del IRPF más bajos de España: para las rentas más bajas, en Madrid se aplica un tipo mínimo del 9%, que se quedará en el 8,5% con la bajada que se acometerá en los próximos meses.
Ampliación de la deducción del alquiler para los jóvenes
Además de esta rebaja en el IRPF, Díaz Ayuso ha anunciado que los jóvenes madrileños que vivan de alquiler podrán deducirse en el IRPF hasta un máximo de 1.200 euros, un 20 % más del límite actual.
De esta forma, se podrán beneficiar de este incremento los contribuyentes menores de 35 años (o de hasta 40 cuando tengan obligaciones familiares o estén en el paro) cuya base imponible no sea superior a 25.620 euros en tributación individual o a 36.200 en conjunta. Esta iniciativa, para la que se invertirán 10 millones de euros, afectará a cerca de 50.000 contribuyentes.
Ley la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid
Ayuso también ha anunciado una Ley de Defensa de la Autonomía Fiscal que pretende evitar que el Gobierno de España pueda imponer la subida de impuestos.
Durante su intervención en la primera sesión del debate de investidura en la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso ha explicado que llevará a la Cámara madrileña una Ley de Defensa de la Autonomía Fiscal de la Comunidad de Madrid, tomando como referencia las competencias en esta materia que emanan de la Constitución Española y que permite que Madrid pueda decidir libremente su política fiscal sobre los tributos cedidos por el Estado.
Con esta iniciativa, en la que ya está trabajando la Consejería de Hacienda y Función Pública, Díaz Ayuso pretende impedir que el Gobierno de España y distintas fuerzas parlamentarias en el Congreso de los Diputados puedan imponer una mayor tributación a los contribuyentes madrileños en los impuestos de Sucesiones y Patrimonio.
La “armonización” fiscal al alza le costaría al bolsillo de los madrileños un total de 5.900 millones de euros, es decir, una media de 2.270 euros más por familia al año. De este modo, una herencia media en Madrid pasaría de pagar 22 euros a 2.200 euros, esto es cien veces más, en el caso de que se equiparase el impuesto de Sucesiones tal y como pretende el Ministerio de Hacienda.
Los contribuyentes madrileños se han ahorrado de media 16.500 euros en el pago de impuestos desde 2004, fecha en la que empezaron las sucesivas rebajas de impuestos de los distintos Gobiernos en la Comunidad. Esta política de impuestos bajos ha supuesto que la región sea la CCAA más competitiva a nivel fiscal, aportando el 68% del total de los recursos del Fondo de Garantía del que se nutren los Servicios Públicos de todas las Administraciones regionales españolas.
Autonomía protegida en la Constitución
Para defender esta autonomía fiscal, la Comunidad de Madrid destaca dos artículos de la Constitución: el 156 y el 157. El primero recoge que las Comunidades Autónomas “gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”.
En cuanto al segundo, habla de los recursos con los que cuentan las comunidades, tales como “los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado además de sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales”.
De cara a proteger la independencia de la Comunidad de Madrid en la gestión de los tributos que tiene cedidos, esta Ley pretende reforzar la vigencia y defensa de los principios constitucionales de la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid como presupuesto necesario para el ejercicio de la autonomía política.
Lo quiere hacer en su doble vertiente: la autonomía fiscal, tanto para la determinación de los tributos propios como en el ejercicio de las competencias constitucionalmente atribuidas sobre los tributos cedidos del Estado; y la autonomía en el gasto, en cuanto a la cuantificación y distribución del mismo para el cumplimiento de sus objetivos, sin condicionamientos ni injerencias indebidas.
Asimismo, se persigue mejorar los derechos de los ciudadanos en su relación con la administración tributaria, con más transparencia e información y obligando a la Administración a identificar el destino concreto de los impuestos que pagan.
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