El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró que el mundo se enfrentaba a una pandemia producida por el virus responsable de la COVID-19, y alertaba de la propagación y de la gravedad de la enfermedad.
Esta última semana la cifra de infectados en todo el mundo llega a más de dos millones setecientas mil personas, y más de 200.000 personas han perdido la vida a causa de la enfermedad. Es indiscutible el carácter global de la epidemia, de la misma manera que hay regiones, países y ciudades que concentran brotes especialmente virulentos como es el caso de la Comunidad de Madrid y nuestra ciudad.
La pandemia ha afectado de manera muy grave a España y a otros países europeos como Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y se está extendiendo por todo el mundo con países muy afectados como Estados Unidos.
El 26 de abril en el conjunto de España se habían infectado 207.634 personas y habían fallecido 23.190 personas; en la Comunidad de Madrid había 59.126 casos positivos y 7.922 fallecimientos.
Desgraciadamente, muchos ciudadanos están siendo golpeados por esta pandemia con la muerte de familiares a los que ni siquiera han podido acompañar o despedir. Las cifras indican la magnitud de la pandemia, pero hay que añadir que las autoridades sanitarias señalan que probablemente las dimensiones son muy superiores, dado que los datos oficiales solo registran los casos detectados clínicamente.
Desde el 11 marzo, con la suspensión de la actividad escolar, y el 14 de marzo, con el decreto del estado de alarma del Gobierno de España, se inició un periodo de confinamiento de la población que ha supuesto un paro importantísimo de la actividad social y económica en todo el territorio.
La falta de tratamiento y de una vacuna ha hecho del distanciamiento social la única herramienta efectiva para detener la pandemia y, aunque se ha empezado a aplanar la curva de contagios y la mortalidad diaria también ha disminuido sensiblemente, deben extremarse las precauciones y el periodo hacia la normalidad será largo.
Al mismo tiempo habrá que mantener la máxima atención sobre las personas más vulnerables, especialmente las personas mayores, que presentan cifras de mortalidad elevadas. El paro de la actividad ha provocado una crisis económica profunda que exigirá actuaciones de todos los poderes públicos y la complicidad activa entre los sectores público y privado para evitar que la epidemia amplíe la desigualdad social y condene a amplias capas de la población a la pobreza.
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