Este lunes se ha producido una visita de políticos a las instalaciones del Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares. Por Parte del Partido Socialista han acudido los diputados en el Congreso, Javier Rodríguez Palacios y Guillermo Hita, y por parte del PP han visitado el centro las senadoras Mari Mar Blanco, Yolanda Ibarrola y Miriam Bravo, acompañadas por el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet.
La visita, que ha sido programada sin presencia de medios de comunicación, ha dado de sí sendos comunicados en los que ambos partidos resumen sus principales conclusiones a su salida del centro.
El PP de Madrid cree que el Gobierno «abusa» de la solidaridad de la región saturando los centros
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado al término de la visita que el Gobierno de Pedro Sánchez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, «abusan» de la solidaridad de la Comunidad y los ayuntamientos «saturando los centros de inmigrantes».
«El Ayuntamiento de Alcalá de Henares y sus vecinos están cumpliendo con la solidaridad, las instituciones de la Comunidad de Madrid están cumpliendo con la solidaridad, pero quien está abusando de esa solidaridad y de la generosidad es el Gobierno de España y su delegación del Gobierno en Madrid».
Este CAED es uno de esos cuatro centros de atención de emergencia a inmigrantes que existen en España, de los cuales, dos están en la Comunidad de Madrid. «Hemos podido constatar que la solidaridad del pueblo de Madrid y de Alcalá de Henares tiene un límite, y así nos lo han hecho saber los responsables de este centro», afirmaba Alfonso Serrano.
«Nos reconocen que es una anomalía que haya centros con más de 600 personas -ha añadido- mientras que Alcalá, que nació con 1.200, ya tiene una capacidad de 1.700 personas que viven en carpas, amurallados. Está al borde del colapso. Un colapso que no se soluciona ampliando el centro, sino demostrando por parte del Gobierno España esa misma solidaridad que están demostrando los vecinos de Alcalá, Carabanchel y otros municipios de la región, en otras comunidades autónomas donde gobiernan socios del Gobierno de Sánchez».
«Madrid va a seguir siendo solidaria, pero esperamos que la Delegación del Gobierno y el propio Gobierno de Pedro Sánchez sean responsables, rigurosos y que atiendan como merecen a estas personas y compartan su solidaridad con otras regiones».
«Además, por este CAED han pasado más de 7.000 personas. Y casi la mitad de todos esos menores, unos 3.000, han salido sin paradero conocido y sin ningún tipo de control, impidiendo así que se les pueda hacer un seguimiento o para darles atención social», afirmaba Serrano.
«A nuestra región llegan entre cuatro y siete aviones semanalmente. Por lo tanto, el Gobierno de España trae más de 1.000 personas en aviones a la semana sin informar a Comunidad y Ayuntamientos, que son quienes muchas veces tienen que dar los servicios sociales que estas personas necesitan», ha finalizado.
El PSOE destaca la «normalidad y cumplimiento de la normativa en el CAED de Alcalá de Henares»
Por parte del Partido Socialista, el diputado nacional y exalcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, acompañado del diputado Guillermo Hita, también han hecho una valoración de su visita al centro.
Afirman haber podido comprobar la normalidad con la que se trabaja y se convive en este centro. «Hemos comprobado que se cumplen escrupulosamente las normas europeas y nacionales referidas al derecho de asilo y que se trabaja con el mayor respeto hacia las personas migrantes», han manifestado.
Desde las filas socialistas se recuerda que el CAED es un centro temporal en el que los migrantes son acogidos y se les facilita todos los procedimientos administrativos para solicitar protección internacional y posteriormente ser derivados a otros centros permanentes o bien salir del sistema de acogida, en el caso de que lo soliciten voluntariamente.
«Las competencias para los adultos dependen del Gobierno de España y, por eso, para evitar la saturación de esos centros fuera de la península, se instalan aquí en la península. En el caso de que sean menores, la competencia está distribuida por comunidades autónomas y de ahí viene el problema de que haya una saturación en Canarias. Hay que modificar la ley para que esa saturación de los menores en Canarias se pueda paliar, trasladándolos a diferentes sitios del Estado español», dijo Guillermo Hita.
«Hay que desligar de manera clara y contundente la idea de que la delincuencia viene ligada a la migración, contrariamente a los postulados ultra que tanto escuchamos», ha añadido Rodríguez Palacios.
Durante la visita se ha mantenido un prolongado encuentro de más de una hora con los responsables del centro en el que se ha podido preguntar y aclarar todas las dudas; una visita propiciada desde la Delegación de Gobierno en Madrid, recuerdan los socialistas, con «total transparencia y colaboración institucional». Una respuesta del Gobierno de España que, afirman, contrasta con lo sucedido respecto a los centros de La Cantueña o de El Vellón, dependientes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a los que se impiden sistemáticamente visitas análogas por parte de parlamentarios regionales y nacionales.
Tras la visita, los socialistas han calificado como «incomprensible» el hecho de que el senador Alfonso Serrano, del Partido Popular de Madrid, haya realizado «unas declaraciones totalmente fuera de la realidad». En este sentido, el diputado nacional Javier Rodríguez Palacios ha señalado que «el señor Serrano venía con el discurso hecho de casa y se inventa cosas; por ejemplo, es radicalmente falso que 3000 menores hayan pasado por el CAED de Alcalá de Henares. Los menores se quedan en Canarias y los casos dudosos no han alcanzado ni 400 en estos meses. En consecuencia -añade- cabe afirmar que el senador Serrano o bien no ha entendido nada de lo que nos han explicado o tiene muy pocos escrúpulos para salir a mentir con el único fin de confrontar con el Gobierno de España».
Para Guillermo Hita «respecto de los menores migrantes, el mayor problema es la falta de solidaridad del Partido Popular, que no quiere llegar a ningún acuerdo de Estado para que estos menores sean distribuidos de manera solidaria entre todo el territorio español. La situación más compleja, tal y como nos han explicado, está ahora mismo en Canarias y, sin embargo, esta situación le importa muy poco al Partido Popular de Madrid, que debe considerar que las Islas Canarias no son España».
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