La portavoz adjunta del equipo de Gobierno, Orlena de Miguel, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa (vídeo superior) para informar de que se ha tomado la decisión, “tras haber llevado a cabo dos informaciones reservadas”, de llevar a pleno la apertura de dos informaciones reservadas sobre la adjudicación de contratos a familiares de dos concejalas del anterior gobierno socialista de Alcalá, Patricia Sánchez y Blanca Ibarra.
En concreto, las contrataciones objeto de investigación ascienden a total cercano a los 40.000 euros adjudicados a empresas de comunicación y de artes gráficas a través de contratos menores.
El gobierno local basa sus acciones en la Ley de Contratos del Sector Público, que en su artículo 16, apartado 1-g, prohíbe “a personas relacionadas con cargos electos la contratación con el sector público, ya sea en sus cónyuges, sus ascendientes o sus descendientes”.
De Miguel ha explicado que, tras analizar toda la información, se actuará sobre la base de dos vías, “una inevitable, la judicial, poder dirimir las responsabilidades legales en las que se han podido incurrir. Y otra, una comisión de investigación para acordar las responsabilidades políticas, que se presentará y se aprobará en el próximo pleno. El objeto de esta comisión de investigación será, en primer lugar, comprobar la existencia de ese conflicto de intereses en la contratación. En segundo lugar, analizar la posible incidencia de estas dos concejalas en la consecución de estos contratos. Y, en tercer lugar, comprobar si se inició o no un procedimiento para aclarar este posible conflicto de intereses”.
La portavoz adjunta ha querido recordar que hasta ahora “Javier Rodríguez Palacios no ha dado ninguna explicación al respecto de este asunto, actitud habitual en el Partido Socialista. Esperemos que en la Comisión de Investigación tenga a bien darla”.
Para concluir, De Miguel ha subrayado que “viene siendo habitual en el Partido Socialista, tristemente, mezclar lo personal y lo familiar con los contratos y los cargos públicos. Hemos visto recientemente el caso de los Ayuntamientos Socialistas contratando a la mujer de la Directora de Igualdad para la Gestión de los Puntos Violetas, o incluso tenemos judicializados, casos que afectan directamente al presidente de Gobierno, tanto a su esposa como a su hermano. También hemos visto que es tristemente habitual la ausencia de explicaciones. Esperemos que en Alcalá no se siga esta línea”.
“Total tranquilidad” en el PSOE
Tras la rueda de prensa de esta mañana, el Grupo Municipal Socialista ha manifestado su “total tranquilidad” ante unas declaraciones que “dejan en evidencia el nerviosismo del equipo de Gobierno y muy especialmente de la alcaldesa, Judith Piquet, para no hablar de su nefasta gestión y sus problemas con la Justicia. Confiamos plenamente en la Justicia y estamos convencidos de que nada de lo afirmado hoy por la concejala Orlena de Miguel en rueda de prensa tiene consecuencia penal alguna. Si finalmente este asunto es llevado a la Fiscalía –añaden- será una buena oportunidad para dejar claro y negro sobre blanco todo lo referido a este tema”.
Los socialistas han anunciado además que votarán a favor de la creación de una Comisión Especial de Investigación ya que “siempre hemos estado y estaremos a favor de la transparencia. Confiamos en que cuando el PSOE plantee en las próximas semanas otras Comisiones de Investigación el PP también las apoye”.
Desde las filas socialistas han manifestado que “estamos ante un producto ya caducado, que se remonta a hace un año y medio y que nació en plena campaña electoral basado en recortes de prensa de noticias publicadas en medios digitales afines al Partido Popular”.
PSOE “acciones legales ante calumnias”
Los socialistas recuerdan que ni en la rueda de prensa ni en el posterior comunicado desde el equipo de Gobierno “han aportado un solo papel, tan solo han vertido descalificaciones gruesas. En este sentido –añaden- pedimos prudencia a la señora Orlena de Miguel y al Partido Popular de Alcalá de Henares, ya que, al traspasar las líneas de respeto y honorabilidad básicas, nos veremos obligados a llevarlos a los tribunales por calumnias”.
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