El Grupo Municipal Socialista ha denunciado hoy el silencio del Grupo Municipal del PP así como de su portavoz y candidata a la Alcaldía, Judith Piquet, ante la condena del Juzgado de lo Penal al concejal Marcelo Isoldi por un delito de prevaricación medioambiental y ha insistido en su petición de dimisión del edil al tiempo que ha insistido en “la incapacidad de Piquet para gestionar una ciudad”.
El portavoz de PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá, Alberto Blázquez, y la concejala y presidenta del PSOE, María Aranguren, han comparecido hoy en rueda de prensa a raíz de la citada sentencia que condena al concejal del PP Tomás Marcelo Isoldi Barbeito y al exconcejal Francisco Javier Fernández Abad a un año y nueve meses de cárcel por un delito de prevaricación ambiental.
Aranguren ha señalado que el Ayuntamiento es responsable subsidiario “por lo que las consecuencias de la nefasta gestión del PP en la época de Bartolomé González la volverán a asumir y pagar todos los alcalaínos y alcalaínas, sin que hasta el momento el PP de Alcalá se haya pronunciado al respecto, pasadas más de 48 horas, y que el señor Isoldi no haya renunciado a su acta de concejal”.
Finalmente, la concejala ha lamentado tener que convocar esta rueda de prensa, pero ha incidido en que para el Grupo Municipal Socialista “este silencio es un desprecio a la institución y a la ciudad de Alcalá de Henares que, por cierto, el señor Isoldi ha estado representando durante más de 20 años”.
Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Alberto Blázquez, ha señalado que, si bien no conocen el código ético y de garantías del PP, “parece imposible pensar que contenga a condenados por la vía penal como representantes públicos de un Ayuntamiento” por lo que “si el señor Isoldi no dimite, la portavoz de su grupo tendrá algo que decir”.
“La técnica del avestruz no vale”
En este sentido, ha afirmado que esta situación “transciende por inacción e incapacidad a Judith Piquet, que es incapaz de liderar un grupo de cinco personas y pretende ser alcaldesa de una ciudad de 200.000 habitantes con 220 millones de euros y 1.500 empleados” y ha añadido que “la técnica del avestruz no vale” pues, 48 horas después, nadie del PP de Alcalá es se ha pronunciado al respecto”.
“Es la primera vez en la historia del Ayuntamiento, de 40 años de democracia, en que un condenado penal sigue representando a la ciudad de Alcalá de Henares como concejal. Esto es fruto del PP que avala la manera de gobernar la ciudad de Bartolomé González, el “jefe” de Judith Piquet, del que presume estos días en sus mítines”, ha aseverado Blázquez.
En este sentido, el portavoz ha reiterado que la sentencia “es una condena al Bartolismo, a esa manera de gobernar que desdeñaba el medioambiente, a los vecinos y vecinas de Alcalá, y con la que no ha roto el proyecto del PP de Alcalá del año 2023”. “El PP debería meter en su programa con claridad que están dispuestos a mantener a toda costa a sus cargos públicos incluso cuando sean condenados por cuestiones penales”, ha insistido.
Según ha señalado Blázquez, Isoldi es asesor en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y, por lo tanto, “ya no es sólo una cuestión de Alcalá de Henares, sino del PP de Madrid. No sé si la señora Ayuso o el señor Serrano deberían decir de una vez si esta es la política que van a seguir, mantener cargos de confianza y cargos públicos condenados por la vía penal por prevaricación ambiental”.
“Primer condenado de la democracia en Alcalá”
El portavoz ha denunciado que el PP está escondiéndose ante el primer concejal condenado por la vía penal que tiene este Ayuntamiento”. En su opinión, esta “no es la forma de poder encarar unas elecciones, porque no es lo que los vecinos y las vecinas de Alcalá necesitan, sino una continuidad de buena gestión y no de escándalos como este que estamos sufriendo ahora mismo en la ciudad”.
Contenido de la sentencia
Según precisa la sentencia, los condenados permitieron durante años que la estación de autobuses de la calle Brihuega siguiera funcionando durante 24 horas al día sin licencia de actividad y funcionamiento. Según la resolución judicial, los dos cargos públicos eran conocedores de las continuas denuncias y quejas de los vecinos desde 2005 y, sin embargo, hicieron caso omiso de las mismas.
Los ediles también permitieron que la estación funcionara sin interrupción y sin respetar los límites de emisión de ruidos. Los vecinos padecieron contaminación y los ruidos todos los días de la semana con hasta 152 autobuses en turno de mañana, 49 en turno de tarde y 30 en período nocturno.
Por este motivo, la sentencia condena a ambos ediles, además de la pena de cárcel, a la inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 15 meses con una cuota diaria de 15 euros, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 8 años y pago por mitad de las costas procesales.
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