Los ayuntamientos son la administración más cercana al vecino, que “es el que sufre directamente las consecuencias de la ocupación ilegal, que afecta a algunas zonas de nuestra ciudad”, afirma el PP de Alcalá de Henares.
“Desde los Ayuntamientos tenemos que reclamar que se tomen decisiones para atajar el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas por parte de las mafias en España que se ha incrementado en los últimos años, según datos del Ministerio del Interior”, afirmó durante el pleno la portavoz del PP, Judith Piquet.
En este sentido, la líder popular exigió que “se adopten medidas para asegurar el desalojo inmediato de la vivienda ocupada, y en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía; el endurecimiento de las penas, de 3 a 5 años; así como la imposibilidad de que se puedan empadronar y tener acceso a determinar beneficios como optar a una vivienda pública del municipio”.
“Situaciones muy comunes”, afirma el PP
“Además de proteger el derecho de propiedad y de vivienda, desde todas las administraciones tenemos que trabajar y exigir para paliar este problema que en algunos casos hace imposible la vida y la convivencia también en bloques de vecinos de nuestra ciudad”, afirma Judith Piquet.
“Se trata de situaciones, muy comunes, en que la ocupación de una vivienda de manera ilegal y en contra del titular de la misma altera la convivencia vecinal, provocando además una inseguridad de los vecinos de la comunidad de propietarios en la que se han instalado los ocupantes ilegales, por realizar en ocasiones actuaciones prohibidas, nocivas o insalubres”, continuó.
Por ello, indicó Judith Piquet, “las duras consecuencias no solo para la propiedad, sino para la seguridad y la convivencia que tiene la ocupación en sus diversas formas, aconsejan un refuerzo de las medidas actualmente existentes”.
Piquet: «A un okupa no se le desahucia, se le desaloja»
Asimismo, la portavoz indicó que hay que deslindar con claridad las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y de protección a las familias en situación de emergencia social, con el fenómeno de la ocupación ilegal a que esta iniciativa responde.
“A un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le protege, sin que el Estado traslade a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos casos”, concluyó para cerrar esta propuesta que contó con los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos.
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