El Partido Popular de Alcalá de Henares ha mostrado su rechazo al acuerdo entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios (FEMP) sobre el uso de los ‘ahorros’ de los ayuntamientos por parte del Ministerio de Hacienda, un texto que solo ha contado con los votos favorables de los alcaldes socialistas. “Lamentamos que el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez, que es presidente de la Comisión de Haciendas y Financiación Local de la FEMP, acepte este texto que perjudica los intereses de los alcalaínos, plegándose, una vez más, a intereses partidistas. Se trata de un acuerdo decepcionante para los municipios como demuestra que todos los partidos, salvo el PSOE, votaron en contra o se abstuvieron”, afirman los populares.
“Tras la pandemia, los ayuntamientos precisan de todos sus recursos para invertir en los barrios y ayudar a nuestros vecinos comerciantes y empresarios y para ello necesitarían la ayuda del Estado. No puede ser que sean los municipios los que salgan al rescate del Gobierno para que con el dinero de los alcalaínos se financien las políticas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ese dinero bien podría invertirse en atender las necesidades de nuestros vecinos”, indican.
Por este motivo, el PP de Alcalá no entiende la postura del alcalde socialista, Javier Rodríguez, que en lugar de defender que el ayuntamiento pueda disponer de todo el remanente que ha generado para invertirlo en Alcalá, acepte ceder esta cuantía al Estado para que este lo devuelva durante los próximos doce años. Los populares recuerdan, además, que en el mes de mayo ya presentaron una moción en el pleno municipal para solicitar al Estado que los ayuntamientos pudieran disponer del 100% del superávit y el PSOE de Alcalá votó en contra.
El PP de Alcalá también considera que este acuerdo vulnera la autonomía local, puesto que el acuerdo obliga a los ayuntamientos a gastar el dinero recibido, tanto el dinero del fondo como las amortizaciones del préstamo, en una lista de actuaciones definidas por el gobierno. De hecho, quedan fuera de este listado las relacionadas con el fomento del empleo o el apoyo a autónomos, pymes y comercios. “Se trata de un atropello a la autonomía de los ayuntamientos que no podemos consentir”, indican.
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