La creación en Alcalá de un centro de acogida de inmigrantes (CAED), en el acuartelamiento Primo de Rivera, y la posterior llegada a nuestra ciudad de casi 3.000 inmigrantes es una situación nueva e inesperada que comporta riesgos y problemas tanto para la seguridad como para la convivencia, también para los vecinos de Alcalá e incluso entre los propios inmigrantes.
La portavoz adjunta del PP, Orlena de Miguel ha indicado que “estos riesgos y problemas potenciales preocupan, sobre todo, a los vecinos de la zona más cercana a este centro”.
Por otro lado, los inmigrantes atendidos en CAED se encuentran en una situación precaria, y sufren una total incertidumbre respecto a su futuro. Más allá de su alojamiento y manutención temporal en el centro, no existe un plan para ellos por parte de la autoridad competente; el gobierno de España.
En la última reunión de la Junta de Seguridad celebrada en Alcalá de Henares, la Subdelegada de Gobierno en Madrid informó a este equipo de gobierno de que renunciaban a presentar un ‘Plan de Seguridad e Integración’, cuestión a la que se había comprometido personalmente en la anterior Junta de Seguridad.
El argumento esgrimido por la representante del gobierno de la nación fue que, después del 12 de enero, no se habían vuelto a producir incidentes graves en el exterior del centro y que, bajo su punto de vista, no había problemas de convivencia con el entorno ni dentro del centro, a pesar de haberse registrado ya varios incidentes de importancia en su interior, el último de ellos tuvo lugar el pasado 4 de febrero.
“Considerando que un plan estratégico como el de Seguridad que solicitamos al gobierno de España se crea para prevenir incidentes y que sirve como herramienta para gestionar los problemas que puedan surgir, es evidente que la necesidad de este plan sigue siendo una urgente realidad”, ha indicado De Miguel.
La concejala ha recordado que según recoge el artículo 149.1.2 de la Constitución Española, el Estado tiene la competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Por tanto, corresponde al Gobierno de España dar respuesta, no sólo a la recepción de las personas llegadas a nuestro país, sino planificar los recursos necesarios para su atención y gestionar problemas asociados.
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