Tras un exhaustivo análisis del punto 48 del orden del día de la Junta de Gobierno Local del 13 de diciembre de 2024, que aprobó la resolución del expediente sancionador contra Taurina Alcalaína, los socialistas complutenses han manifestado su “profunda preocupación” ante el proceso que ha desembocado en dicha resolución y por lo que consideran una posible vulneración “del interés general del Ayuntamiento de Alcalá”.
Ante esta situación, desde el PSOE complutense han solicitado formalmente a la Secretaría General de Pleno “la elaboración de un informe jurídico sobre el procedimiento y sobre el resultado de la resolución adoptada”. En su petición, los socialistas solicitan un informe jurídico “sobre el nombramiento del instructor del expediente, la sanción aprobada y la clasificación de las infracciones cometidas por la empresa”.
Infracciones que contradicen el pliego
Desde el PSOE complutense recuerdan en este sentido que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la concesión de la gestión de la plaza de toros “establece que la acumulación de tres faltas graves constituye una falta muy grave. Sin embargo, la resolución del expediente califica como faltas graves los incumplimientos reiterados en los espectáculos taurinos durante varias anualidades, evitando así la consideración de faltas muy graves que conllevarían sanciones más severas. Esto contradice el espíritu y la letra del pliego y favorece indebidamente al concesionario”.
Una sanción que no actualiza el valor actual del dinero
La sanción finalmente impuesta por el equipo de Gobierno ha quedado reducida a 3.155,67 euros, la cual deriva de la tipología de la sanción aplicada y de la falta de conversión directa de la cantidad original (en pesetas de un contrato del año 1998) sin actualizar el valor presente del dinero. “Esto contraviene la recomendación expresa del instructor en su informe”, señalan desde el PSOE, que recuerdan que “la falta de actualización, incluida en la propuesta de resolución aprobada por la Junta de Gobierno Local, supone un potencial perjuicio económico para el Ayuntamiento, restando eficacia a la sanción como medida de disuasión y corrección”.
Posible nombramiento irregular del instructor del expediente
Por último, desde el Grupo Socialista recuerdan que el instructor designado por el equipo de Gobierno “carece de la condición de funcionario de carrera del Ayuntamiento, incumpliendo así el artículo 20.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986). Este reglamento establece que los instructores de expedientes deben ser funcionarios de carrera con formación jurídica. En casos anteriores, el Ayuntamiento sí cumplió con este criterio legal, lo que destaca un cambio de criterio preocupante”.
Por todo ello, desde el PSOE complutense han reiterado que van “a estar muy atentos a todas las actuaciones relacionadas con este contrato, adjudicado por Bartolomé González en 1998 para 50 años, y exigiremos al equipo de Gobierno transparencia en sus decisiones y la defensa de los intereses generales de todos los vecinos y vecinas”.
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