Izquierda Unida Alcalá propone en su programa electoral la creación de un gran parque de vivienda pública con un alquiler que no supere el 30% de los ingresos.
Además, fomentará el alquiler entre particulares mediante la puesta en marcha de un programa de alquiler de vivienda vacía para destinarla al alquiler social y a situaciones de emergencia social, con condiciones beneficiosas para los propietarios tanto para la rehabilitación como para el propio arrendamiento.
«El derecho a una vivienda digna y adecuada»
«Pese a las intenciones especulativas del resto de partidos políticos, que han votado a favor de recalificar 260 hectáreas de suelo protegido en la ZEPA, Alcalá ya dispone de suelo, así como de viviendas públicas vacías como para paliar el enorme problema de acceso a un piso en la ciudad».
«El derecho a una vivienda ‘digna y adecuada’ queda convenientemente recogido en la Constitución y el Ayuntamiento, como poder público, no puede ponerse de perfil como ha hecho hasta ahora y mantener viviendas tapiadas o cerradas como ocurre con muchos pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda», explica David Cobo, candidato a la Alcaldía por Izquierda Unida Alcalá.
«Muchas familias de Alcalá deben salir de su ciudad para poder encontrar una vivienda asequible para vivir, ya que no hay opciones a su demanda por los altos costes de viviendas construidas con fines especulativos que dificultan la opción de muchas de ellas, siendo Alcalá uno de los municipios con más viviendas públicas vacías y tapiadas de la Comunidad de Madrid».
«Qué sentido tiene que haya barrios de Alcalá de Henares en los que esa vivienda pública esté vacía o tapiada cuando perfectamente podría estar a disposición de los vecinos y vecinas en régimen de alquiler, hay mucha demanda de las familias en Alcalá», señala Cobo, quien añade que algo similar ocurre con pisos pertenecientes al antiguo IVIMA, siendo unas 200 viviendas en total.
La intención de Izquierda Unida Alcalá es que «las viviendas de la ciudad no estén vacías ni se especule con ellas. Por ello, propone aumentar el porcentaje obligatorio de vivienda de protección pública a un 80% en las nuevas construcciones».
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