La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, acompañada por la concejala de Seguridad Ciudadana, Orlena de Miguel, han ofrecido una rueda de prensa al término de la Junta Local Extraordinaria de Seguridad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares celebrada esta tarde. En la reunión, se han abordado temas relacionados con la seguridad ciudadana en Alcalá, destacando el compromiso adquirido para mejorar la coordinación y planificación en este ámbito.
La alcaldesa comenzó explicando que en la Junta se logró arrancar un compromiso por parte de la Administración del Gobierno Central para establecer un mayor diálogo. Se propuso la creación de una comisión o mesa técnica para elaborar un plan de seguridad conjunto, un código de buenas prácticas o un convenio de colaboración.
En cuanto a la comunicación con el Gobierno Central, la alcaldesa expresó su preocupación al revelar que no existía un canal de diálogo efectivo a través de la Delegación de Gobierno o el Ministerio de Migraciones. La única vía de comunicación reconocida fue a través de la dirección del centro, una ONG, «Y a veces hay contradicciones, incluso en la información que tiene la propia Delegación de gobierno, que viene del propio ministerio, respecto a la que nosotros tenemos en el Gobierno de la ciudad, que nos traslada la dirección del centro».
Mayor seguridad en zonas críticas
Destacó el compromiso de reforzar la presencia policial en zonas críticas, como en El ensanche, el centro comercial Alcalá Magna y sus alrededores, donde se han registrado altercados. Además, insistió en la solicitud de un refuerzo en el número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía para garantizar la seguridad ciudadana, «porque al final, que tengamos dos o tres patrullas de Policía Nacional, más nuestras patrullas de Policía Local en esa zona, irá en detrimento de la seguridad ciudadana en otros barrios y en otras zonas de la ciudad».
Expedientes sancionadores de expulsión para los detenidos
La alcaldesa también ha informado acerca de medidas adicionales que el Ministerio se comprometió a estudiar y aprobar, para prevenir problemas de seguridad y convivencia. Y anunció un compromiso de expulsión inmediata para los detenidos, con 11 expedientes sancionadores de expulsión ya en curso.
“Existe un compromiso por parte de la Delegación de Gobierno de que los detenidos, cuando se produzcan, como ya se han producido varios en nuestra ciudad, se inicie inmediatamente un expediente de expulsión y toda su tramitación, para que se proceda a la expulsión de estos detenidos del país, que hasta ahora no ha sido así”, ha dicho la alcaldesa.
“Nos han informado de que efectivamente hay 11 expedientes de sancionadores de expulsión, hay 3 ingresos en el CIE, hay 3 detenidos por la reyerta del pasado viernes, día 12, que están en prisión provisional con un procedimiento sancionador de expulsión y hay 5 con tramitación de expulsión, pero resulta que están en libertad. No sabemos dónde, pero están en libertad y hasta que no sean detenidos o sean localizados por la policía, para que puedan proceder a su detención, no se pueden tramitar esos expedientes sancionadores de expulsión”.
300 menores de edad
En cuanto a la situación de los inmigrantes, reveló que, a pesar de las afirmaciones iniciales de la Administración, hay casi 300 personas que han verbalizado ser menores de edad. Y exigió información detallada para gestionar adecuadamente la atención y derivación de estos casos.
La alcaldesa también abordó denuncias por consumo de alcohol y drogas dentro y fuera del centro, con actas policiales que respaldan estas alegaciones. Se destacó la existencia de dos denuncias por agresiones sexuales sin autor conocido, así como un brote de sarna con ocho internos afectados.
En cuanto a los detenidos, se informó sobre la situación de un individuo herido en una reyerta el pasado 12 de enero. A pesar de dos detenciones anteriores, el sujeto no fue expulsado del país, y actualmente se encuentra en la ciudad, lo que generó preocupación entre los ciudadanos.
Mayor coordinación y comunicación
La alcaldesa concluyó subrayando la necesidad de coordinación y comunicación efectiva entre las autoridades para abordar estos problemas y evitar la creciente inseguridad en la ciudad. Se emplazó a futuras Juntas Locales de Seguridad y se manifestó la esperanza de que la colaboración entre instituciones beneficie tanto a los inmigrantes como a los vecinos de Alcalá de Henares.
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