La reciente llegada de 110 migrantes al centro de acogida temporal de Alcalá de Henares ha vuelto a poner en el foco la saturación de las infraestructuras destinadas a la atención de migrantes en la Comunidad de Madrid. Esta situación, que eleva a casi 1.700 el número de personas alojadas en el campamento de Alcalá (tras las otras 110 personas que llegaron en octubre), ha generado una enérgica respuesta por parte de la alcaldesa de la ciudad, Judith Piquet, quien ha denunciado no solo las condiciones en las que viven los migrantes, sino también la falta de coordinación y recursos por parte del Gobierno central.
“Desde hace un año, este centro, que supuestamente iba a ser temporal, ha acogido a más de 7.000 personas. Y ahora, nos informan por correo electrónico de que aumenta su capacidad en 110 plazas más, sin darnos explicaciones ni alternativas. Es una falta de lealtad institucional absoluta”, señaló Piquet en una entrevista con Telemadrid. La alcaldesa ha criticado especialmente la gestión del delegado del Gobierno, a quien acusa de actuar sin transparencia ni consulta previa con las autoridades locales.
Motín y huelga de hambre a raíz del fallecimiento de un interno
El centro de Alcalá de Henares, ubicado en terrenos del Ministerio de Defensa, funciona desde hace un año con instalaciones provisionales que, según Piquet, no son adecuadas para atender a tantas personas. Los migrantes duermen en carpas, se asean en condiciones improvisadas y carecen de servicios básicos para su integración.
“Estamos hablando de un campamento con 1.700 personas que viven como si fuera un barrio más de Alcalá, pero sin que haya ninguna prestación ni servicio adecuado. Estas personas son tratadas como mercancía y las responsabilidades recaen en nosotros, que no contamos con recursos para gestionar esta situación”, subrayó la alcaldesa.
La situación se ha vuelto particularmente tensa tras el fallecimiento de un interno en el centro hace unas semanas, un hecho que, según Piquet, fue manejado sin claridad por las autoridades. “A raíz de este fallecimiento, se produjo un motín y una huelga de hambre entre los internos debido a las condiciones en las que están viviendo. No tuvimos respuesta del Gobierno sobre las causas del fallecimiento ni sobre por qué la Policía Nacional no actuó en el motín, teniendo que intervenir cinco patrullas de la Policía Local para controlar la situación”, explicó.
Impacto en la comunidad local
La saturación del campamento también está generando un impacto significativo en la ciudad y en la calidad de vida de sus habitantes. Según Piquet, la falta de actividades y recursos para los migrantes provoca que muchos de ellos deambulen por la ciudad, generando tensiones con los vecinos. “Se pelean en los parques, ocupan espacios públicos y algunos incluso duermen en las calles. Es una situación que repercute directamente en la vida de nuestros vecinos y que está generando preocupación”, comentó.
La alcaldesa aseguró que lleva meses solicitando planes de seguridad e integración para abordar estos problemas, pero se ha encontrado con la negativa del Gobierno central. “Cuando pedimos un plan de seguridad, se nos acusa de relacionar inmigración e inseguridad, lo que no es cierto. Lo que pedimos es coordinación y soluciones reales para que estas personas puedan integrarse de forma adecuada. Ahora mismo, ni siquiera sabemos si este campamento seguirá siendo temporal o si aumentarán aún más su capacidad”, declaró.
Críticas al Gobierno central
Las críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez no se limitan al Ayuntamiento de Alcalá. Desde el Gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, también se ha expresado preocupación por el colapso de las infraestructuras de acogida. Según datos oficiales, los dos principales centros de la Comunidad de Madrid, ubicados en Carabanchel y Alcalá de Henares, ya albergan a más de 3.200 personas.
La Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno central que explique sus planes para controlar la inmigración irregular y que colabore con la Unión Europea y los países de origen de los migrantes para reducir las llegadas. También ha solicitado recursos económicos y materiales para los ayuntamientos que, como Alcalá de Henares, enfrentan esta problemática de forma directa.
La ampliación en 510 plazas (400 en Carabanchel y 110 en Alcalá) supone colapsar aún más unas infraestructuras ya desbordadas. Además, es paradójico que la delegación del gobierno se opusiera hace meses a la apertura del centro de menores de La Cantueña con 99 plazas, pero ahora amplíe la capacidad de estos centros.
Medidas inmediatas
Judith Piquet concluyó su intervención haciendo un llamado al presidente del Gobierno para que tome medidas inmediatas. “Le pedimos a Pedro Sánchez que asuma sus competencias, que se coordine con los ayuntamientos y que acabe con este caos migratorio. No podemos seguir gestionando esta situación sin recursos, sin información y sin apoyo. Esto no solo afecta a los migrantes, sino también a los vecinos que están viendo cómo su calidad de vida se ve alterada”, afirmó.
La situación en el centro de Alcalá de Henares ilustra un problema mayor que afecta a toda España, donde las rutas migratorias principales, como la de Canarias y el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, están desbordadas. Las autoridades locales y regionales insisten en la necesidad de una respuesta estructural y coordinada para abordar un desafío que, según sus palabras, no puede seguir siendo ignorado.
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