El gobierno regional ha solicitado apoyo a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para que ayude a incrementar la desinfección de sedes judiciales esenciales. En concreto, se ha solicitado la desinfección extra de los juzgados de Plaza de Castilla y Francisco Gervás, en la ciudad de Madrid y de la Plaza de la Paloma, en Alcalá de Henares.
Estas labores de limpieza vienen a complementar las tareas de desinfección que la Comunidad ya realiza y ha intensificado estas semanas a través de una empresa contratada a tal fin. Además, la semana pasada se instalaron 400 dispensadores y más de 1.700 litros de gel en las 70 sedes judiciales de la región.
En lo que respecta a la protección de los funcionarios, la Comunidad de Madrid recuerda que, debido a la declaración del estado de alarma, la autoridad sanitaria ha requisado y administra el material de protección y sanitario y, por tanto, el Ejecutivo regional no puede disponer libremente del mismo.
Pese a ello, al principio de esta semana, la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas al objeto de extremar la protección de los trabajadores de la administración de justicia, solicitó la entrega de equipos de protección individual a la autoridad sanitaria competente.
Además, el pasado domingo el Ejecutivo regional emitió una resolución para que,al objeto de facilitar la conciliación y proteger a colectivos vulnerables, se liberara de acudir al centro de trabajo a todos aquellos funcionarios con patologías médicas que pudieran verse afectados por el coronavirus (COVID-19) o tuvieran hijos menores de edad o personas mayores y dependientes a su cargo.
Esta resolución vigente, además, permite a los jueces y letrados de la administración de Justicia flexibilizar y adaptar la presencia de trabajadores a la situación actual.
Por último, la Comunidad de Madrid recuerda que es el Consejo General del Poder Judicial la institución encargada de definir qué servicios judiciales se deben garantizar durante el tiempo que dure la crisis sanitaria del COVID-19 y, en función de esas instrucciones y los acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Comunidad de Madrid debe proveer los medios y personal que sean requeridos.
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