La Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno de España que cumpla con sus obligaciones de financiación al Consorcio Regional de Transportes. En la sesión de control al Gobierno, el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, ha denunciado en la Asamblea de Madrid que, pese a las reiteradas peticiones del Gobierno regional, el Ministerio de Fomento aún no ha ingresado la aportación de cerca de 127 millones correspondiente al ejercicio 2019.
Además, se trata de una aportación que no ha variado prácticamente desde 2013 pese a que, como ha indicado el consejero, “las necesidades del sistema de transportes madrileño lo han hecho cerca del 23%”.
Garrido ha asegurado que, en lo que va de año, el Consorcio y la propia Consejería se han dirigido en varias ocasiones al Ministerio de Fomento para interesarse por la falta de ingreso de la aportación estatal de 2019. “Hemos recibido la callada por respuesta ante las peticiones de información y también ante las propuestas de solución planteadas por la Comunidad de Madrid”, ha señalado.
Actualmente, el transporte público madrileño está subvencionado, de media, en casi un 60% por los socios del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, mientras que el 40% restante lo aportan los usuarios. La Comunidad de Madrid es la que más paga dentro del Consorcio, con un 79%, seguida del Ayuntamiento de Madrid, que aporta el 12%, y el Ministerio de Fomento, que paga un 9%.
Según ha explicado Garrido, la financiación del Consorcio Regional de Transportes permite subvencionar más de 1.550 millones de viajes cada año, lo que supone que, sin la aportación del Estado, se dejarían de beneficiar 139 millones de viajes.
“Su irresponsabilidad implicaría para los usuarios del transporte madrileño una subida del 12,5%. Un incremento que, por supuesto, no vamos a repercutir, pero que refleja la amenaza que su indolencia supone para los ciudadanos”, ha señalado.
“La primera consecuencia va a ser una falta de liquidez en la tesorería del Consorcio Regional que derivará, necesariamente, en una demora en el pago del servicio público de transportes y un incumplimiento en el periodo medio de pago”, ha advertido el consejero, quien ha añadido que estas demoras se pueden trasladar también a los proveedores de los operadores de transportes.
“Quiero instar al Estado a aportar la financiación pendiente de forma urgentísima y no trasladar al Consorcio, a los operadores del transporte y, en último término, a los usuarios las graves consecuencias que una cerrazón administrativa podría causar al transporte madrileño y a todos sus usuarios”, ha concluido el consejero Garrido.
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