El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado solicitar a la Asamblea la tramitación por urgencia del proyecto de ley que permitirá a los madrileños que residan en las viviendas de la Agencia de Vivienda Social quedar exentos del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). La Comunidad asumirá ese coste, equivalente al 100% de la cuantía repercutida, lo que supondrá un coste aproximado de 6,5 millones de euros.
El Consejo de Gobierno solicita que el Parlamento madrileño de luz verde por el procedimiento de urgencia al mecanismo compensatorio de la repercusión del IBI a los arrendatarios de las 23.000 viviendas de la Agencia de Vivienda Social, de forma que no tendrán que soportar la repercusión del impuesto.
El proyecto incluye la compensación que la Agencia de Vivienda Social realizará de este impuesto a cada uno de los arrendatarios de sus pisos, evitando así ahondar en las dificultades económicas que atraviesan muchas de estas personas. Repercutir el IBI a los inquilinos supondría un incremento de entre un 22% y un 1.022% en las cuotas mensuales de sus rentas.
En el ejercicio 2016 se ha abonado un importe de 6,5 millones de euros, de los cuales 4,5 corresponden al IBI de Madrid capital y casi 2 millones de euros al resto de municipios de la región.
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