La Comunidad de Madrid ha dado hoy luz verde a la tramitación de la Ley de Mercado Abierto, una norma anunciada por la presidenta del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, en el último Debate sobre el Estado de la Región, y que será pionera en España para la apertura del mercado regional a operadores de otras comunidades autónomas. Este anteproyecto, aprobado en la reunión del Consejo de Gobierno, eliminará trabas administrativas injustificadas e innecesarias que dificultan el progreso económico y social de la región.
De este modo, el Ejecutivo madrileño pretende que, con carácter general, todo operador económico establecido legamente en el territorio nacional pueda desplazarse libremente a la Comunidad de Madrid para ejercer su actividad sin sujetarse a los requisitos de acceso previstos en la normativa autonómica.
Esto contribuirá a reducir trabas y regulaciones innecesarias, potenciará la llegada de inversiones y ayudará a impulsar la actividad económica de la región mediante la libre circulación de bienes y servicios y el reconocimiento automático de licencias, para que empresas y profesionales de todo el territorio nacional puedan operar en la región.
La nueva Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid busca acabar con la fragmentación de la unidad de mercado, el exceso de regulación sobre los operadores económicos y las cargas administrativas que suponen un inconveniente para el desarrollo económico.
En este sentido, la actividad económica de la región necesita de un entorno institucional que permita incentivar una cultura emprendedora y abierta a todos los operadores económicos que, tanto en los mercados de bienes como de servicios, cumplen sus respectivas normativas en cualquier lugar del territorio nacional.
Una ley más ágil y eficiente
Así, el Gobierno regional creará un marco regulatorio eficiente que simplifique la legislación existente, elimine las regulaciones innecesarias, establezca procedimientos más ágiles y minimice las cargas administrativas.
De este modo, esta iniciativa legislativa pretende renovar y reinterpretar los objetivos originales de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, desde el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, haciéndolo compatible con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Además, el impulso en la apertura de mercados permite luchar contra la crisis económica y fomenta el desarrollo, lo que a su vez posibilita la financiación de los servicios públicos. Por ello, en el marco de crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19, urge reactivar todo el potencial emprendedor de la región, con la mayor protección legal posible, dentro del ordenamiento jurídico de la Comunidad de Madrid.
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