La Comunidad de Madrid está impulsando una nueva regulación para garantizar la convivencia de taxi y VTC. Así lo ha explicado en la Asamblea de Madrid el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, que ha detallado las cuestiones que se incorporarán a la nueva normativa.
“Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno central, hemos tomado la decisión de llevar a cabo la regulación necesaria del sector de VTC, a través de una modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid”, ha explicado Garrido.
El consejero ha recordado que el Ejecutivo madrileño reclamó en su momento al Gobierno una normativa homogénea, de tal manera que se crease un marco jurídico común para todas las comunidades autónomas, tal y como recomienda la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, sin que se haya dado paso alguno en este sentido.
“El Real Decreto de 2018, con el que el ministro Ábalos quiso garantizar el equilibrio entre taxis y VTC, lejos de solucionar los problemas de competencia, lo que puso de manifiesto es que las medidas que recogía eran insuficientes e inadecuadas”, ha subrayado Garrido, quien ha recordado que este decreto no obliga a las comunidades autónomas a regular este sector, sino que tan sólo las habilita a modificar algunas cuestiones, que es lo que va a hacer la Comunidad de Madrid.
Actividad de VTC como transporte discrecional de viajeros
Así, una de los principales objetivos de la nueva regulación será introducir la actividad de arrendamiento de vehículo con conductor como transporte discrecional de viajeros. Asimismo, se va a establecer el marco jurídico necesario para llevar a cabo la profesionalización del sector, con la exigencia de determinados requisitos para ejercer como conductor de VTC similares a los existentes para conducir un taxi.
Además, se va a modificar el régimen sancionador existente para adecuarlo a la nueva realidad del sector, recogiendo nuevos hechos infractores concretos y revisando su gravedad, atendiendo al impacto en la competencia entre empresas, entre otros aspectos.
A la espera del Real Decreto de 2018
Garrido ha recordado que en el propio Real Decreto de 2018, el Gobierno se comprometía a presentar a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación del régimen de infracciones y sanciones en el plazo de seis meses. “Casi dos años después, esto no se ha producido”, ha incidido.
Por eso, ha insistido, la Comunidad de Madrid va a actuar con responsabilidad para definir de forma clara los servicios de VTC, regular la convivencia con el taxi, impulsar la profesionalización del sector y adaptar el régimen sancionador a la realidad actual. “Nosotros actuamos mientras el Gobierno sigue eludiendo su responsabilidad”, ha concluido.
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