Grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Badalona, Alcalá de Henares y Fuenlabrada piden al Gobierno español un compromiso con el clima a través del “Manifiesto para la acción climática” que denuncia la inacción y las trabas del ejecutivo.
La cumbre mundial sobre el cambio climático, COP23, que tuvo lugar la semana pasada en Bonn, Alemania, ha dejado claro el liderazgo de las ciudades en la lucha contra el cambio climático, ya que es en ellas donde se generan el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que exigen importantes procesos de adaptación, y son los principales centros de innovación.
Las ciudades españolas a través de sus gobiernos locales ya están llevando a cabo acciones para mitigar las emisiones y adaptarse al cambio climático en ámbitos tan diversos como la reducción y ahorro energético, la movilidad sostenible, la transición hacia energías renovables, la reducción de generación de residuos, el reciclaje o la economía circular.
Todas estas acciones son imprescindibles para reducir las emisiones existentes y disminuir los efectos del cambio climático que afectan directamente a la salud de la ciudadanía y las infraestructuras urbanas.
No obstante las ciudades son conscientes que las propuestas actuales deben intensificarse, y por ello están comprometidas y dispuestas a ir más allá para conseguir los objetivos establecidos en el acuerdo de París, pero para ser exitosas necesitan también del compromiso de las demás administraciones.
Manifiesto para la acción climática
Por ello un grupo promotor de ciudades formado por Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Badalona, Alcalá de Henares y Fuenlabrada han elaborado el “Manifiesto para la acción climática” en el que denuncian la inacción y las trabas que está poniendo el Estado en la acción contra la lucha del cambio climático y promueven un conjunto de medidas específicas a llevar a cabo en el ámbito estatal.
El Gobierno del Estado actualmente dificulta la autogeneración y la promoción de las energías renovables; continúa apoyando la producción de carbón; no considera prioritaria la lucha contra la pobreza energética y no permite avanzar en la transición hacia la soberanía energética, factor clave en la lucha contra el cambio climático. Además, ha impugnado y ha llevado al Tribunal Constitucional la Ley del Cambio Climático catalana. Esta situación debe cambiar.
Por ello las ciudades reclaman al Gobierno del Estado que de forma urgente asuma todos los compromisos necesarios para afrontar el cambio climático, ya que tiene la obligación de priorizar la salud de la ciudadanía, y tiene competencias claves en ámbitos estratégicos como el energético y el transporte.
El manifiesto exige que el Gobierno Estatal desarrolle una estrategia integral ante el Cambio Climático con compromisos progresivos 2020/2030/2050 para alcanzar escenarios de descarbonización antes de mediados de siglo. Una ley de cambio climático, que reconozca que existen razones físicas, de recursos y técnicas, que establecen límites a la mera sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables para alcanzar escenarios que permitan reducir la huella de carbono en la dimensión y en los tiempos requeridos.
Un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, encargado de generar información y promover la resiliencia y la adaptación de territorios, sistemas, sectores y recursos claves ante el cambio climático, que debería culminar con la elaboración de los correspondientes planes en un plazo de diez años. O planes de presupuestos y balances de carbono en actividades y ámbitos clave.
El grupo promotor ha hecho llegar el manifiesto tanto al Estado como a la Red de Ciudades por el Clima para que pueda ser adoptado por las ciudades que integran esta red Estatal.
